No han cumplido ni la mitad de sus mandatos como autoridades
edilicias, pero ya hay grupos de vecinos contando las horas para enviarlos a
sus casas. Eso es lo que evidencia la compra de kits de revocación que, solo en
Lima, afectaría a siete jurisdicciones y causaría gastos por no menos de
S/74’777.966 al Estado.
Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),
desde el 1 de junio, cuando empezó la venta de kits, se han recibido 190
solicitudes en el país. De ellas, solo 51 fueron aprobadas, más de la mitad para autoridades distritales.
En la capital, los promotores que alcanzaron un kit están en
Lima Metropolitana, San Isidro y Punta Negra. En Lima Provincias: Asia y Cerro
Azul (Cañete), Santa Eulalia (Huarochirí) y Lincha (Yauyos).
En marzo del 2013, 6’300.000 limeños participaron en la
revocación de la entonces alcaldesa Susana Villarán. De acuerdo con el
Ministerio de Economía, la ONPE solicitó S/67,5 millones para costear la
consulta, a razón de S/10,7 por elector. De prosperar el proceso al alcalde
Luis Castañeda, y considerando que la cantidad de electores se incrementó en
más de 500 mil en tres años, se requerirían S/73’664.674,3.
Si los procesos en los demás distritos también se concretan,
sumarían S/1’113.292,2. Ello sin considerar el traslado de material electoral y
costos por operatividad del Jurado Nacional de Elecciones y del Registro
Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Para Fernando Tuesta, experto en temas electorales, este
gran desembolso, que en la práctica no conlleva a mejoras de gestión debido al
corto tiempo restante para las nuevas autoridades, debería desalentar las
revocaciones. “Tampoco se podría cambiar el gobierno, pues se reemplaza a la
autoridad revocada por la que le sigue en la lista del partido en el mando. En
el caso de Castañeda, la teniente alcaldesa Patricia Juárez”, acotó.
Ojo con los intereses–
“Es evidente el interés político detrás de la compra del
kit. Ya sabíamos que, desde que saldría a la venta, los que derrotamos en las
elecciones irían por uno”, dijo Manuel Velarde, alcalde de San Isidro, a El
Comercio.
Velarde podría dejar el cargo si Alonso Rey Bustamante, ex
militante de Renovación Nacional y del equipo técnico de Fuerza 2011 (hoy
Fuerza Popular), partido al que venció por 900 votos, reúne las 18.870 firmas
necesarias para continuar con el proceso en la comuna.
En Asia, los cuestionamientos al promotor Carlos Vilcaluri
Ramos radican en sus antecedentes: detenido como presunto extorsionador en el
2010 y procesado como cómplice de homicidio calificado y robo agravado en el
2005. En Punta Negra, al promotor Francisco Ampuero Mestanza se le recuerda por
haber sido destituido como juez de paz debido a irregularidades en un juicio de
alimentos. Carlos Martínez Márquez, ex candidato al Congreso e impulsor en
Lima, también apoyó la fallida revocación de Villarán.
DATASO
La consulta se lleva adelante en cada circunscripción
electoral si la solicitud está acompañada del veinticinco por ciento (25%) de
las firmas de los electores de cada circunscripción y ha sido admitida.
En el caso del distrito de Asia se requiere 1,851 firmas,
que representa el 25% de 7,405 electores hábiles, actualizado al presente año
2016 y utilizado en las recientes elecciones presidenciales.
De concretarse la recolección de firmas y aprobarse el
pedido, sería la segunda vez que el actual alcalde asiano sea sometido a un
proceso similar, ya que hace años atrás también fue sometido a una revocatoria,
pero –curiosamente- solo fueron revocados sus regidores y él no, pese a estar
recluido en el penal de Cantera.
Este es el segundo distrito de la provincia de Cañete donde
se adquiere un kit de revocatoria, ya que el primero fue el de Cerro Azul,
adquirido el último 13 de junio por Junior Salvador Espinoza Malásquez.
En el caso de la hermana provincia de Yauyos, también ya han
adquirido un kit. En este caso para el alcalde del distrito de Lincha. La
ciudadana Marleni Elida Alan Huamanlazo ha sido quien lo compró
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