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La balacera se produjo a plena luz del día y a una cuadra de la Corte
Superior
de Justicia de Ica, el 3 de febrero del 2011.
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Una balacera a plena luz del día y tres muertos en las inmediaciones
de la Corte de Justicia de Ica. Más de dos años de investigaciones policiales,
interrogatorios y diligencias judiciales.
Y aquí no pasó nada.
El 9 de octubre pasado, el Primer Juzgado de Investigación
Preparatoria y Supraprovincial de Ica, que preside el juez Fernando Fernández,
ordenó el sobreseimiento, es decir, el archivamiento del proceso seguido por
este triple homicidio que empezó con un tiroteo entre guardaespaldas de Manuel
Sánchez Paredes y de sus hijos por el control de Minera San Simón, el 3 de
febrero del 2011.
En opinión del juez Fernández, no se acreditaron las identidades de
los pistoleros y tampoco se probó el móvil de los asesinatos, por lo que la
docena de procesados quedó libre de polvo y paja.
Tal grado de impunidad judicial no se ve así nomás, salvo en Ciudad
Juárez.
¿Y LA FISCALÍA?
El fallo del juez Fernández se sustenta en una solicitud de
sobreseimiento de la causa propuesta por el propio fiscal del caso, César Pecho
Peche.
Según Pecho, no existen elementos para continuar con el proceso por
homicidio calificado, tenencia ilegal de armas y encubrimiento real, entre
otros delitos, contra Juan Temístocles García, Bladimir Torres, Adolfo Ruperto
Ramírez, Andrés Briceño, Carlos Gonzales, Nancy León, Jorge Prado, Freddy
Escajadillo, Luis Ramírez, Adhemir Vásquez y Alfredo Chauca.
Para el fiscal, no está claro quiénes dispararon contra los tres
guardaespaldas de los Sánchez Alayo. Las pruebas de absorción atómica
practicadas por la Policía a los pocos días de ocurrida la matanza sindicaron a
Juan Temístocles García y Bladimir Torres, dos de los abogados de Manuel
Sánchez Paredes en San Simón.
Pecho, sin embargo, concluyó que “no se ha recabado elemento alguno
que acredite que los referidos imputados hayan tenido en su poder armas de
fuego el día y la hora en que se suscitaron los hechos”.
El fiscal no parece haber considerado como prueba el video de las
cámaras de seguridad de Saga Falabella de Ica, en el que se observa a los
pistoleros (CARETAS 2178).
Tampoco interrogó a Alberto Dávila Paredes y Wilmer Dávila Zamora,
señalados como los verdaderos asesinos por uno de los testigos.
Ambos habrían sido contratados por Manuel Sánchez Paredes para
proteger a su hombre de confianza, Gonzalo Alzamora Ruiz.
El abogado Bladimir Torres declaró a la Fiscalía que “los
guardaespaldas de los hermanos Sánchez Alayo, entre los cuales se encontraban
los tres muertos, llegaron a Ica con la finalidad de asesinar a Alzamora e
impedir que tomara el control de San Simón”.
Así las cosas, el juez Fernández resolvió “declarar fundado en todos
sus extremos el requerimiento de sobreseimiento formulado por la Segunda
Fiscalía Provincial Penal”. Caso cerrado.
TESTIGOS Y PRUEBAS
El caso ha estado jaloneado por sucesos extraños ocurridos desde que
arrancó la investigación, en febrero del 2011.
El primer fiscal del caso fue José Luis Herrera, quien recibió
información sobre la presunta alteración de pruebas en la escena del crimen por
parte de la Policía, pero en septiembre del 2012 fue removido del puesto y lo
sucedió el fiscal Pecho.
En un mes, Pecho libró de la investigación a Manuel Sánchez Paredes y
a sus hijos Fidel, Carlos, Manuel, Simón y Lola Sánchez Alayo bajo el argumento
de que no se encontraron elementos de su participación en los hechos.
Pecho obvió elementos claves en el caso: el crimen se produjo en el
contexto de una disputa judicial entre padre e hijos por la administración de
San Simón.
La madrugada del 1 de febrero del 2011, 10 guardaespaldas arribaron a
Ica. Todos ellos se hospedaron en el Hotel El Embrujo, cuyos gastos fueron
cubiertos por la empresa Fara Catering de Lola Sánchez Alayo, hija de Manuel
Sánchez Paredes. (CARETAS 2178 – A Quemarropa)
Ese mismo día, el exhorto judicial que le concedía la administración
de San Simón a Gonzalo Alzamora desapareció del Tercer Juzgado Civil de Ica. El
abogado Bladimir Torres solicitó una copia para el 3 de febrero. Ese día se
percató de un grupo de guardaespaldas rondando la oficina de Alzamora, en la
calle Piura 118, a una cuadra de la Corte Superior de Justicia.
Torres avisó de lo sucedido a Alzamora, quien convocó a su personal de
seguridad, según declaró ante el Ministerio Público. Eran las 1:39 p.m. cuando
se produjo el tiroteo mortal.
Pecho tampoco tomó en cuenta dos testimonios claves: el del
sobreviviente Rubén Ariza y el Jaqueline Rivera, esposa de Julio Díaz, uno de
los tres guardaespaldas asesinados en Ica.
Ariza aseguró a CARETAS 2261 que él y los otros guardaespaldas fueron
contratados por Fidel Sánchez Alayo.
Rivera confirmó esa versión y recordó que escuchó una llamada entre su
esposo y Fidel Sánchez, donde este último le daba indicaciones sobre el viaje a
Ica. “Nunca me interrogaron”, dijo Rivera.
La escandalosa sentencia puede tener implicancias políticas porque uno
de los investigados, Manuel Sánchez Paredes, tuvo como abogado en este caso a
Eduardo Roy Gates, actual asesor legal de Palacio de Gobierno y cuyo padre,
Luis Roy Freire, continúa defendiendo a Manuel Sánchez en el megaproceso por
lavado de dinero. (Américo Zambrano, Álvaro Arce)
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