Los
titulares de las regiones de Áncash, Tumbes, Pasco, Cusco y Junín son los que
acumulan la mayoría de investigaciones fiscales o procesos judiciales, debido
principalmente a licitaciones amañadas, obras públicas sin concluir o pagos no
autorizados. El Gobierno Regional de Ayacucho tiene el récord de casos de
corrupción de funcionarios: 260 en total.
La mayoría
de presidentes regionales deben afrontar graves acusaciones por presuntos actos
de corrupción de funcionarios. De los 25 en actividad, un total de 19 están
sometidos a investigaciones fiscales o a procesos judiciales por delitos como
peculado, colusión, negociación incompatible y malversación de fondos, entre
otros.
Las cifras
reflejan una preocupante incidencia de actos irregulares especialmente en
procesos de licitación, adjudicación de obras públicas y contratos con empresas
privadas.
La lista es
encabezada por el presidente regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, quien
afronta 26 procesos: 22 en la Fiscalía y 4 en el Poder Judicial. Áncash es una
de las regiones más ricas del país, por el alto monto de recursos públicos que
maneja, pero también es el ámbito con el mayor registro de notorios casos de
corrupción.
En el 2013,
la Región Áncash gastó un presupuesto de 1,226 millones de soles. A mayo de
este año, se le ha asignado 1,047 millones de soles, de acuerdo con un reporte
de las Procuradurías Anticorrupción.
El segundo
lugar lo ocupa el presidente regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, sometido
a 20 investigaciones fiscales y 5 procesos judiciales, sin contar el reciente
hallazgo de la Contraloría General de la República: vendió un terreno a precio
subvaluado y perjudicó al Estado por un monto que superaría los 21 millones de
soles.
En el 2013,
Tumbes tuvo un presupuesto de 371 millones de soles. Para el 2014, se le ha
destinado 345 millones de soles. Según el Ministerio de Economía y Finanzas,
Dioses ya ejecutó el 50 por ciento del presupuesto de su región.
En el tercer
lugar se ubica el titular del gobierno regional de Pasco, Klever Meléndez
Gamarra. Las autoridades atribuyen a Meléndez haber otorgado a una constructora
sin experiencia el proyecto de mejoramiento y ampliación del hospital regional
Daniel Alcides Carrión, por 170 millones de soles.
Este es uno
de los 20 casos que Klever Meléndez debe esclarecer en la Fiscalía.
La Región
Pasco gastó en el 2013 más de 505 millones, y para este año se le ha destinado
un presupuesto de 444 millones de soles.
Los presidentes
de los gobiernos regionales del Cusco, René Concha Lezama, y de Cajamarca,
Gregorio Santos, cuyas administraciones gozan de ingentes ingresos por los
cánones gasífero y minero, respectivamente, también deben responder ante la
justicia por presuntos casos de corrupción. Diez, el primero, y nueve, el
segundo.
En el 2013,
Cusco recibió 1,314 millones de soles por canon gasífero, mientras que
Cajamarca 468 millones por el canon minero.
Coincidentemente,
a más recursos hay menos transparencia y poca fiscalización, lo que explicaría
por qué los presidentes regionales deben responder a un alto número de
investigaciones fiscales y procesos judiciales por acusaciones de corrupción.
Las cifras
se disparan si se hace una suma de los casos que involucran tanto a los
presidentes como a los funcionarios regionales.
De acuerdo
con un registro de las Procuradurías Anticorrupción, son 1,505 los casos que
vinculan a titulares y funcionarios de 25 gobiernos regionales.
El más
significativo es el gobierno regional de Ayacucho, cuyo presidente, Wilfredo
Oscorima Núñez, y su planta de autoridades afrontan 260 incidentes de supuesta
corrupción de funcionarios.
Uno de los
casos más llamativos es la adquisición de maquinaria sin licitación por 21
millones de soles. Otro hecho bajo investigación es el pago no autorizado de 16
millones de soles a la constructora Octavio Bertolero S.A. El gobierno regional
le tenía una deuda a esta empresa, cuyo monto original era de 700 mil soles.
Oscorima es
quien como candidato a la presidencia regional de Ayacucho, una de las más
pobres del país, regalaba 100 soles en efectivo a sus simpatizantes.
El
presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo, y sus funcionarios
están sometidos a investigación fiscal por 175 casos de presunta corrupción.
Moquegua también recibe ingentes recursos por canon y regalía minera. En el
2013 fue de 271 millones de soles.
Entre 2012 y
2013, la Contraloría practicó en Moquegua 60 acciones de control en el gobierno
regional, lo que derivó en 104 informes sobre irregulares, lo que explica por
qué hay tantos funcionarios investigados o enjuiciados.
Uno de los
casos más sonados es el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la ciudad de Moquegua por 50 millones de soles. Hace dos
años que la empresa constructora no concluye la obra.
En el
ranking de gobiernos regionales con más incidentes por corrupción de
funcionarios, el tercer puesto lo ocupa Áncash: 147 casos.
En el
periodo 2009 al 2013, la Contraloría General de la República practicó 431
acciones de fiscalización en el Gobierno Regional de Áncash, la mayor parte en
ejecución de obras públicas (34 por ciento) y adquisiciones (22 por ciento). A
causa de las acciones de control, fueron denunciados 902 funcionarios. Todo un
récord.
Los
gobiernos regionales de Junín y Ucayali –cuyos titulares son Vladimir Cerrón
Rojas y Jorge Velásquez Portocarrero, respectivamente– también acumulan una
importante cantidad de casos de investigación fiscal y procesos judiciales por
corrupción de funcionarios: 106 cada uno.
Uno de los
casos más notorios en Junín es el proyecto de asfaltado de la carretera
Acobamba-Palcamayo-San Pedro de Cajas-Condorín valorizado en 44.7 millones de
soles. La municipalidad provincial de Tarma denunció que transfirió 29 millones
de soles al Gobierno Regional de Junín para contribuir a la obra, porque un
tramo corresponde a su jurisdicción. Sin embargo, los trabajos han quedado
inconclusos. Solo se ha removido la tierra. El asfalto brilla por su ausencia.
Entre 2012 y
2013, el Gobierno Regional de Ucayali recibió por concepto de canon petrolero
133.4 millones de soles, y por el Fondo de Desarrollo de Camisea (Focam), 146.3
millones de soles. La Contraloría General de la República detectó que funcionarios
del gobierno regional destinaron irregularmente recursos de dichos fondos para
financiar actividades no autorizadas, como pagos a periodistas para que
informen sobre las actividades del presidente ucayalino Jorge Velásquez
Portocarrero.
El propio
Velásquez es sometido a investigaciones fiscales y tres procesos judiciales por
presuntos actos de corrupción.
Respecto a
la capital, el Gobierno Regional del Callao tiene en curso 45 casos de presunta
corrupción de funcionarios, mientras que el Gobierno Regional de Lima cuenta
con 15 incidentes.
Estos
números revelan la urgente necesidad de aplicar una reingeniería del sistema de
fiscalización de la administración de recursos por los gobiernos regionales de
todo el país.
Frecuencias.
"Hemos identificado que del 100% de delitos contra la administración
pública, el 40.15% lo constituye el peculado, el 13.07% la colusión y el 6.93%
la malversación de fondos", dijo el procurador anticorrupción Christian
Salas Beteta.
RAZONAMIENTO.
"Esto tiene una explicación bastante lógica: el mal funcionario público es
responsable de la disposición de fondos y de bienes públicos, por lo que –sin
debido control– tiene fácil el camino para apropiarse (o utilizar
indebidamente) de los caudales del Estado o coludirse en las licitaciones de
obras públicas", dijo el procurador.
ABANDONO.
Respecto a la recuperación del dinero y cobro de reparaciones por los actos de
corrupción, el Estado prácticamente no hace ningún esfuerzo, indicó.
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