martes, 3 de septiembre de 2013

Jaime Carbajal habría cometido delito de colusión por faenón de libros

Procuraduría Anticorrupción lo denuncia penalmente junto a los propietarios de empresa beneficiada V&D Distribuidores y exfuncionarios del Ministerio de Educación.

Una vez más, el lobista Jaime Carbajal Pérez, accionista de la librería Crisol de la cual el expresidente Alan García es parte del directorio, ha sido denunciado penalmente. La procuraduría anticorrupción solicitó a la Fiscalía de la Nación que ordene una investigación preliminar contra él por la presunta comisión del delito de colusión en agravio del Estado.

También han sido denunciados penalmente Gladys Díaz Carrera y Augusto Vicente Collazos, los propietarios de la empresa V&D Distribuidores que fue la beneficiada con la venta de los libros al Ministerio de Educación con casi S/. 7 millones.
La denuncia fue presentada luego que IDL-Reporteros revelara que la librería Crisol -empresa que también le pertenece al exministro de Educación José Antonio Chang Escobedo- ocultó supuestamente en 2010 su conflicto de intereses en una millonaria y sobrevalorada venta de libros al Ministerio de Educación.

La investigación periodística dio detalles de cómo en setiembre de 2010 el Ministerio de Educación, entonces dirigido por Chang Escobedo, exoneró de proceso la adquisición de libros para las bibliotecas de los llamados colegios emblemáticos y eligió a dedo a las empresas beneficiarias. Entre ellas figura V&D Distribuidores, la cual se queda con el 68.58% de una licitación que ascendió a S/. 10 millones en total.
El 31.42% restante se distribuyó entre otras cinco empresas: La Familia Distribuidora de Libros SA, Editorial Planeta SA, Editorial Vicens Vives Perú SAC, Grupo Editorial Norma SAC y Ediciones Corefo SAC.

Asimismo, la Procuraduría Anticorrupción ha solicitado que la Fiscalía investigue ciertos datos que podrían dar luces sobre la participación de Carbajal Pérez “como accionista de Crisol y su relación con los accionistas y dueños de V&D Distribuidores y con el propio ministro José Antonio Chang”.
“Carbajal Pérez como accionista y gerente de Crisol, no sólo hizo compras directas para V&D Distribuidores sino habría financiado las compras para esta empresa y así cumplir con el contrato adjudicado al Ministerio de Educación”, señala la denuncia.
Para la Procuraduría Anticorrupción, otro dato importante es el de las ganancias de la empresa V&D Distribuidores. Su máxima venta al Estado se registró en 2005 y ascendió a S/. 93,440.00. En 2010, dicha cifra se incrementó en 60 veces y su máxima venta fue por S/. 6 millones 881 mil 178.00.

Además, resulta sospechoso que antes de que se conocieran las bases del proceso, la empresa V&D Distribuidores haya comprado los libros que finalmente serían vendidos al Ministerio de Educación causando un perjuicio económico al Estado de por lo menos S/. 2 millones.
Por último, la Procuraduría Anticorrupción sostiene que existen “indicios de relación entre los participantes en la licitación, la compra anticipada de libros coincidentes con el número que se licitaría cuatro meses después el Ministerio de Educación y por la participación de Crisol en la intermediación directa e indirecta para V&D Distribuidores en la compra de libros destinados al Minedu”.

CARAS CONOCIDAS
La procuraduría anticorrupción también solicitó al Ministerio Público que investigue a los exfuncionarios del Ministerio de Educación, Asebedo Fernández Carretero y Jorge Guevara Zapata. Ambos trabajaron en dicha institución durante el segundo gobierno de Alan García.

Los dos también fueron denunciados penalmente por el escándalo de los colegios emblemáticos. La Megacomisión los halló responsables por haber suscrito contratos de ejecución de obra sin tomar en cuenta las fichas SNIP de varios colegios y por haber convocado a las empresas vía invitación, respectivamente.

EL DATO
El delito de colusión se produce cuando “el funcionario que, interviniendo directa o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier etapa de las modalidades de adquisición concreta con los interesados para defraudar al Estado. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años".
Fuente Diario16

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