126
burgomaestres provinciales -de un total
de 195 en el país. Ellos son: Hernán Bizarro Chipana, Faustino Mamani Pilco y
Feliciano Pérez Machaca.Y con 9 acusaciones, los alcaldes provinciales de
Tocache, Corina De La Cruz Yupanqui; y de Chepén, José Lías Ventura.La mayoría
de burgomaestres provinciales sometidos a proceso investigativo fiscal son de
la región Puno.
Lupe Muñoz.
No
escarmientan. El alcalde provincial de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales, a
pesar de enfrentar 18 investigaciones y procesos judiciales por presunta
corrupción de funcionarios, se ha lanzado a la reelección por el Movimiento
Manos Limpias. No es broma. Pero Torres no es el único. El alcalde chiclayano
lidera una lista de 126 burgomaestres provinciales -de un total de 195 en el país?, que
enfrentan acusaciones por diversos actos ilícitos.
Esto
significa prácticamente que 7 de cada 10 alcaldes provinciales en el país debe
responder por alguna imputación de corrupción durante su gestión.
La alcaldesa
provincial de Lima, Susana Villarán, acumula 15 denuncias. Pero en su caso, se
trata de investigaciones preliminares.
De acuerdo
con cifras de la Procuraduría Anticorrupción ?que ha desplegado un ejército de
200 abogados para hacer un seguimiento de 21 mil 807 investigaciones fiscales y
juicios?, tres burgomaestres provinciales tienen 13 casos cada uno que deben
responder ante las autoridades que les atribuyen presuntos delitos contra la
administración pública. Ellos son Mercedes Castro Arteaga, de Julcán,
Lambayeque; Máximo Chipana Hurtado, de Concepción, Junín; y Adela Jiménez Mera, de Maynas, Loreto.
En el ranking
de alcaldes provinciales a quienes se imputa presuntos actos de corrupción
sigue en la lista con 12 casos Alfonso Santiago Gregorio, de Carlos Fermín
Fitzcarrald, de la región Áncash. A continuación, con 11 casos, sigue Renán
Saavedra Sandoval, de Mariscal Cáceres, región San Martín.
En caso
peculiar es el de la alcaldía provincial de Huancané, en Puno. Tres
burgomaestres que sucedieron en el periodo 2011-2014 tienen que rendir cuentas
por 10 denuncias de corrupción. Ellos son: Hernán Bizarro Chipana, Faustino
Mamani Pilco y Feliciano Pérez Machaca.
Y con 9
acusaciones, los alcaldes provinciales de Tocache, Corina De La Cruz Yupanqui;
y de Chepén, José Lías Ventura.
La mayoría de
burgomaestres provinciales sometidos a proceso investigativo fiscal son de la
región Puno. Suman 13 alcaldes (Carabaya-Macusani, Chucuito-Juli, El
Collao-Ilave, Huancané, Lampa, Melgar-Ayaviri, Moho, Puno, San Antonio de
Putina, San Román-Juliaca, Sandia y Yunguyo).
Luego
continúa, Cusco, con 12 (Espinar, Urubamba, La Convención, Chumbivilcas,
Acomayo, Canas, Cusco, Quispicanchis, Paucartambo, Anta, Calca y Santo Tomás).
Territorio
nacional
Después sigue
Lambayeque (Chepén, Santiago de Chuco, Virú, Sánchez Carrión, Pataz, Otuzco,
Pacasmayo, Ascope, Julcán, Chiclayo y Ferreñafe) y Áncash (Asunción, Carhuaz,
Carlos Fermín Fitzcarrald. Huaraz, Huari, Mariscal Luzuriaga, Pomabamba,
Recuay, Sihuas, Yungay y Marañón), con 11 alcaldes; y San Martín (Mariscal
Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, Tarapoto, Tocache, Bellavista, Huallaga y
Lamas), con 9.
La
Procuraduría Anticorrupción ha debido desplegar un mayor esfuerzo para que sus
abogados hagan un seguimiento a las investigaciones fiscales y a los procesos
judiciales. La corrupción gubernamental es una verdadera epidemia.
"Hemos
detectado en todo el país aproximadamente 454 casos en agravio de las
municipalidades provinciales en todo el país, sin contar más de 3 mil casos de alcaldías distritales. El total de
expedientes representa el 25% de lo que tenemos en nuestras manos, lo que
significa que la corrupción afecta especialmente a los gobiernos locales
provinciales y distritales", explicó el procurador Christian Salas.
Según
información que maneja la Procuraduría, en la actualidad 1,620 alcaldes en
actividad y en retiro se encuentran investigados o enjuiciados.
Los delitos
más frecuentes que se les imputa a los burgomaestres son los de peculado, colusión
y malversación de fondos debido a la ausencia de controles.
"Uno de
los problemas que enfrentamos es que algunos despachos fiscales ?pese a que la
ley lo establece? no notifican a la Procuraduría Anticorrupción sino a la
procuraduría de la municipalidad agraviada, lo que afecta la defensa del Estado
porque algunos de esos funcionarios no cumplen con su trabajo", señaló
Christian Salas.
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